En la citada ordenanza se recogen medidas de protección, apoyo e inserción para las personas en situación de prostitución o víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, sin contemplar la adopción de medidas contra las personas que ejerzan la prostitución o sean víctimas de este tipo de redes.
Asimismo, incorpora una perspectiva de derechos humanos, igualdad de género y protección social, promoviendo medidas de prevención, sensibilización y coordinación institucional, y favoreciendo el acceso de las personas afectadas a recursos de atención social, sanitaria, jurídica y de inserción sociolaboral, en colaboración con otras administraciones públicas y entidades especializadas.
La ordenanza establece un régimen de sanciones por incumplimiento de algunos de los preceptos contenidos en la misma, que oscilan entre los 500 y 3.000 euros atendiendo a su catalogación como leve, grave o muy grave.
Previa a su aprobación se ha abierto un periodo de consulta pública de 10 días naturales, a través del portal web del Ayuntamiento (http:www.lalinea.es/portal/), para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura ordenanza.