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El alcalde Juan Franco, ha dictado dos bandos municipales con motivo de la próxima celebración de la Velada y Fiestas 2026, que tendrá lugar del 17 al 27 de julio, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y la salud pública. Mediante estas disposiciones, el Ayuntamiento prohíbe de forma terminante tanto el uso de cachimbas en el interior de las casetas como la venta, tenencia, entrega en sorteos o uso de una serie de objetos catalogados como peligrosos dentro del recinto ferial.
En lo que respecta a las medidas sanitarias, el bando decreta la prohibición absoluta de las cachimbas, pipas de agua, hookah, shisha o narguile en las casetas de feria. Esta restricción se fundamenta en la Ley Antitabaco vigente y cuenta con el respaldo de los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que constatan que en un 90 por ciento de los casos se emplean productos similares al tabaco y que sus agentes de combustión emiten compuestos tóxicos perjudiciales. La Policía Local vigilará estrictamente el cumplimiento de la y en el supuesto de que las autoridades policiales detecten que en alguna caseta se venda, suministre o permita el consumo de estos dispositivos, se procederá a su clausura y cierre inmediato.
Por otra parte, otro bando regula la seguridad del recinto ante la aglomeración de personas característica de las fiestas de julio, un factor que eleva el riesgo potencial para la integridad física de la ciudadanía. El Ayuntamiento prohíbe que se entreguen como premio de sorteos en tómbolas, se vendan o se porten objetos de agresión tales como porras, machetes, cuchillos de monte, navajas, puños de hierro, sprays de gases o tóxicos, así como réplicas de pistolas que disparan bolitas de p.v.c..
La Policía Local están facultados por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana para realizar las comprobaciones necesarias en personas, bienes y vehículos con el fin de intervenir cautelarmente estos medios de agresión. En caso de localizar cualquiera de los artículos prohibidos, los agentes efectuarán su retirada temporal inmediata, tanto a los portadores como a los responsables de su comercialización. Las personas infractoras se enfrentarán a la apertura del correspondiente trámite legal, que conlleva sanciones económicas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros.