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La Línea de la Concepción es el segundo municipio de la provincia que percibirá más ayudas para paliar los efectos del alga invasora, resolución en la que figuran ocho ayuntamientos gaditanos, incluidos en el programa de la institución provincial para costear actuaciones medioambientales.
Por líneas de actuación, los ayuntamientos destinatarios de estas ayudas son Barbate, 137.500 euros; La Línea de la Concepción, 90.000 euros; San Roque, 62.500 euros; Cádiz, 37.500 euros; El Puerto de Santa María, 37.500 euros; Conil de la Frontera, 30.295 euros; Rota, 30.165 y Algeciras, 30.000 euros. La dotación total de esta primera línea es de 605.460 euros y se distribuye en función del número de habitantes, kilómetros de playas afectadas y cantidades de algas retiradas en años anteriores.
Esta resolución se corresponde con el Plan Integral de Transición Ecológica, impulsado por la Diputación a través del Área de la que es responsable el vicepresidente segundo, Javier Vidal. Las actuaciones que serán sufragadas con estas ayudas han sido agrupadas en cinco líneas de actuación, tal y como recogían las bases de la convocatoria.
Recordar que el concejal de Playas, Rafael León, junto a técnicos de su delegación, participaron recientemente en una reunión del Grupo de Trabajo estable sobre el alga invasora convocada por la Diputación de Cádiz, con la asistencia del vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Transición Ecológica, Francisco Javier Vidal, en la que estuvieron representados los ayuntamientos costeros afectados por los arribazones del alga asiática.
En dicho encuentro se puso de manifiesto que en el caso de La Línea de la Concepción, solo en la playa de Poniente se recogieron más de 550 toneladas de algas en lo que va de año, una cifra que supera ya la cantidad anual recogida en los tres últimos ejercicios y que convierte a 2026 en el tercer año con más kilos retirados desde que existen registros, coincidiendo con las primeras apariciones del alga en 2014.
Los responsables municipales asistentes compartieron las dificultades que afrontan para hacer frente a esta situación, ya que la regulación actual indica que son los ayuntamientos los que deben encargarse de retirar este material de sus playas.
Por este motivo, el Grupo de Trabajo acordó elevar una solicitud formal al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la que se pide una mayor implicación económica con este problema que soportan actualmente los ayuntamientos.